Ambuibérica contratará a los primeros 108 titulados de su centro formativo

Ambuibérica contratará antes del mes de diciembre a los primeros 108 titulados que se han formado en su nuevo centro de aprendizaje Virgen de San Lorenzo, situado el municipio vallisoletano de Zaratán. El director general de la compañía, Carlos Magdaleno, se comprometió a que, antes de que concluya el año, todos los alumnos contarán con un contrato con esta firma especializada en transporte sanitario. El anuncio de Magdaleno se produjo durante el acto de la entrega de los diplomas acreditativos a la primera promoción, celebrada en el salón de actos de Caja España, en Fuente Dorada, y fue recibido con una cerrada ovación por parte de los presentes, algunos de ellos ya empleados de la empresa. «No podemos mirar a otros profesionales ‘ambulancieros’ porque los mejores están en esta sala», recalcó el máximo responsable de la firma para avalar su «compromiso».

En el País Vasco

Antes del acto, Magdaleno confirmó a El Norte que Ambuibérica ha logrado la gestión de las ambulancias de soporte vital básico de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. En esta última provincia, el Gobierno vasco acaba de resolver un recurso por el que se le adjudica definitivamente el transporte sanitario que hasta ahora venía prestando la DYA (Detente y Ayuda), una entidad sin ánimo de lucro muy arraigada en el territorio.

Según la información facilitada por el director general, en los próximos meses comenzará la implantación en el País Vasco, donde se gestionará una plantilla de 300 empleados y una flota de más de cuarenta vehículos. El reto, según explicó, es «profesionalizar» un sector del transporte sanitario que en aquella comunidad está en manos de entidades sin ánimo de lucro o empresas familiares. En este sentido, Ambuibérica, con una plantilla de 3.000 empleados en toda España, no descarta asumir parte del personal, algunos de ellos voluntarios, que ahora prestan servicio en las ambulancias del País Vasco. Además, en octubre Ambuibérica desembarcará en Brasil con la compra de una firma pequeña para tomar contacto con el sector de aquel país de cara a su expansión.

Centro formativo

El Centro de Formación Profesional Virgen de San Lorenzo es el único centro privado del norte de España que imparte la, en modalidad presencial y a distancia, homologada y válida para todo el país. Creado por el Grupo Ambuibérica en septiembre de 2011, es, además, el único centro nacional asociado a un grupo empresarial, por lo que ofrece una formación dual, con prácticas en las empresas del grupo y, consiguientemente, unas mayores posibilidades de inserción laboral.

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Muere de infarto un juez en el juzgado sin ser atendido – La Voz de Galicia

El Summa 112 asegura que tardó 16 minutos en llegar y no 40, como afirmaban otros magistrados. Un juez ha muerto hoy de un infarto en los juzgados de lo social de Madrid después de no haber recibido asistencia médica, lo que ha causado un gran malestar judicial por las malas condiciones del edificio en el que encuentra la sede judicial y por la supuesta tardanza de la ambulancia de emergencias. De hecho, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado su «preocupación por las circunstancias que, según las informaciones recibidas, se han producido en el lamentable hecho sucedido en la sede judicial». El fallecido es el magistrado titular del Juzgado de lo Social número 25 de Madrid, Ángel Luis del Olmo Torres, de 58 años, quien sufrió un infarto en la sede de los juzgados de lo social situados en la calle de la Princesa número 3, en la madrileña Plaza de los Cubos. Fuentes jurídicas han informado que los jueces, magistrados y empleados de este edificio judicial, dependiente de la Comunidad de Madrid, han expresado su profundo malestar por lo sucedido, ya que en estas instalaciones no hay personal sanitario ni desfibriladores para hacer frente a estas situaciones, como obliga la normativa. Además de estas condiciones del edificio, se da la circunstancia de que, según las fuentes consultadas, la ambulancia de emergencia que ha ido a atender al juez infartado ha tardado en llegar unos 40 minutos, por lo que cuando el equipo se presentó finalmente en los juzgados el magistrado ya estaba muerto. Tanto el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, como el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, han lamentado la pérdida del magistrado y han expresado su pesar a la familia del fallecido. El SUMMA 112 asegura que tardó 16 minutos en atenderlo El Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, SUMMA 112, ha desmentido que tardase 40 minutos en atender al juez fallecido tras sufrir un infarto en los juzgados de lo social de Madrid, ya que, según sus datos, «tardó dieciséis minutos» en atenderle. El servicio de urgencias ha asegurado que los datos grabados en la ambulancia «permiten comprobar que tardó dieciséis minutos en atender al paciente». Según el SUMMA 112, cuando sus efectivos llegaron a la sede de los juzgados, el juez, de 58 años, «estaba siendo ya atendido por un perito forense que se encontraba en el lugar desde el primer momento y que comenzó las maniobras de resucitación en el momento de la parada cardiorrespiratoria».

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Convocados cuatro días de huelga en la sanidad madrileña

Marcha sanitaria, Domingo 18 de Noviembre

Era cuestión de tiempo que los seis sindicatos de la mesa de sanidad llegaran a donde lo han hecho el pasado viernes por la mañana. Sentados en la misma mesa, sus seis representantes han anunciado públicamente que convocan cuatro días de huelga para todo el personal sanitario y no sanitario (75.000 personas) que trabaja en el sector público. El plante de todo el sector sanitario al plan privatizador del presidente, Ignacio González, se oficializa. Los seis sindicatos convocantes son SATSE (enfermería), CCOO, AMYTS (médicos), CSIT-UP, UGT, Y USAE (auxiliares de enfermería). Han llamado a los trabajadores a cuatro jornadas de huelga los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre, como protesta contra el llamado Plan de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que incluye privatizar la gestión de seis hospitales construidos en 2008, reconvertir otros dos (La Princesa y Carlos III) y externalizar la gestión del 10% de los centros de salud.

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La Princesa enfrenta a Botella y González

Ya aluciné cuando lo escuché hoy en televisión, y hasta lo compartí en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, pero es que no puedo dejar de ponéroslo aquí. Por supuesto todo el apoyo de Summarios a los compañeros de la Princesa.

La Princesa enfrenta a Botella y González

Ana Botella e Ignacio González han tenido su primera discrepancia pública. Y es que la alcaldesa de Madrid firmó el manifiesto de los trabajadores de La Princesa «contra el desmantelamiento» de la sanidad pública, hecho que no ha gustado nada en el Gobierno regional.

«No se ha enterado de lo que ocurre, que es que no se va a cerrar ningún hospital», ha declarado este miércoles el presidente de la Comunidad al ser preguntado por los periodistas. La respuesta del Consistorio madrileño a estas incendiarias declaraciones no se ha hecho esperar. Fuentes municipales aseguran que la primera edil madrileña «sabía perfectamente» lo que estaba firmando cuando dio su apoyo al hospital y, aunque dice estar «a favor» de la política sanitaria regional, no comparte el desmantelamiento de La Princesa y confía en que se de otra solución a su futuro.

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Los médicos británicos deberán someterse a una reválida cada cinco años

Los médicos británicos deberán someterse a una reválida cada cinco años

Los médicos británicos deberán someterse a una evaluación anual para medir su rendimiento y cada cinco años tendrán que ser revalidados para seguir ejerciendo, según ha anunciado hoy el ministro de Sanidad, Jeremy Hunt. La medida, que entrará en vigor a partir de diciembre de forma progresiva, se considera la mayor reforma de la legislación médica de Reino Unido en más de un siglo.

A partir de los resultados de las evaluaciones anuales, el Colegio General de Médicos (GMC, en sus siglas en inglés) decidirá cada cinco años qué profesionales pueden seguir ejerciendo y cuáles no. El Gobierno británico pretende con ello abordar las «deficiencias» de conocimientos identificadas en una minoría de los 220.000 médicos del país y darles la oportunidad de reforzar las áreas en las que hayan obtenido peores resultados, según Hunt.

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Osakidetza sale en defensa del servicio de ambulancias tras las críticas a las carencias

Osakidetza sale en defensa del servicio de ambulancias tras las críticas a las carencias

Apenas una semana después de que el Parlamento instara al Gobierno Vasco a solventar las carencias detectadas en la atención sanitaria, sobre todo en zonas rurales, Osakidetza ha hecho público un informe con el que trata de demostrar su diligencia. La exposición de los datos deriva hacia una conclusión que, desde luego, invita a pensar que la sanidad goza de buena salud en Euskadi, al menos en el caso de las Emergencias.

Según el estudio, el 94,5% de los vascos está satisfecho con la atención recibida por este servicio de la Sanidad Pública vasca. Y es que las ambulancias se desplazan hasta el lugar de los incidentes en una media de 11 minutos tras recibir la llamada de asistencia.

Un tiempo de reacción que varía en función del tipo de dotación y el punto de desplazamiento. En el caso de las ambulancias con soporte vital avanzado el promedio global es de menos de 9 minutos mientras que en el caso de los desplazamientos a zonas rurales se emplean casi 12 minutos.

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Reducir tratamientos y pruebas diagnósticas no supondría un ahorro, sino un coste social y económico

Reducir tratamientos y pruebas diagnósticas no supondría un ahorro, sino un coste social y económico

El Gobierno del PP ha emprendido un camino que representa el cambio de nuestro modelo sanitario público y universal.

UGT recuerda que el artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección a la salud y afirma que ahora caminamos hacia un modelo que tiende a la privatización, que cada vez es menos universal (exclusión de diferentes ciudadanos, en función de la renta, e inmigrantes en situación irregular) y, por tanto, menos público.

El Ejecutivo ha quebrado la Cartera de Servicios y la ha dividido en una parte común (ya pagada con impuestos); una parte suplementaria (por primera vez, el enfermo pagará dos veces por determinados servicios, una vía impuestos y otra en el momento del uso del mismo) y otra complementaria, a discrecionalidad de las Comunidades Autónomas. Se rompe, así, el Sistema Nacional de Salud, que garantizaba la igualdad para el conjunto de los ciudadanos, independientemente del lugar de residencia, y se corre el riesgo de que se produzca una ruptura de la cohesión territorial en esta materia y coexistan 17 sistemas de salud con diferentes prestaciones.

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El Rey visita el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid

El Rey visita el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid

El Rey Don Juan Carlos ha visitado este jueves el Centro de Emergencias 112 (por primera vez desde su apertura) para comprobar de primera mano el funcionamiento de las instalaciones y sus protocolos de actuación, destacando de su labor el rápido tiempo de respuesta y la motivación e implicación de todo el personal de los servicios de emergencia para solucionar cualquier situación.

Tras finalizar la primera visita a esta instalación, Don Juan Carlos se ha dirigido de forma breve a los medios de comunicación para expresar su satisfacción por la labor desplegada por el Centro de Emergencias 112 y ha destacado también el escaso tiempo con lo que se activan los dispositivos de actuación.

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Desconvocatoria de Mesa General

Desconvocatoria de Mesa GeneralNos informan desde UGT que la reunión programada para el día de ayer 31 de julio a las 17:30 ha sido desconvocada y aplazada sine die, como consecuencia de las reuniones pendientes del Gobierno Central con las CCAA y del desarrollo y/o interpretación del Real Decreto-Ley 20/2012, fundamentalmente en artículos que afectan directamente a los trabajadores de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Os seguiremos informando.

#19J > los ciudadanos dicen NO

#19J > los ciudadanos dicen NO
¡¡¡IMPORTANTE!!! Los funcionarios acampando frente al congreso, los antidisturbios se quitan los cascos y apoyan la protesta. Ninguna televisión lo emite, por favor, difundirlo, que no quede nadie en España sin saber lo que esta pasando. Algo esta cambiando

Los ciudadanos inundan las calles de España en las más de 80 manifestaciones convocadas en toda España contra la política de recortes del Gobierno.

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Más de 700 profesionales cuidarán de más de 180.000 asistentes a Rock in Río

Más de 700 profesionales cuidarán de más de 180.000 asistentes a Rock in Río

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, el vicepresidente regional, Ignacio González, la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, y el alcalde de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez Sardinero, han comprobado el dispositivo de seguridad que se desplegará durante el festival los días 30 de junio y 5, 6 y 7 de julio, coordinado por la Guardia Civil.

Durante la visita han asistido a un simulacro en el que se ha mostrado cómo se actuaría en caso de que se localizase un artefacto explosivo.

El dispositivo de seguridad estará integrado por 771 profesionales públicos y privados entre agentes de la Guardia Civil (275), Policía Local (75), bomberos (11), voluntarios de Protección Civil (80), personal del Summa 112 y vigilantes de seguridad.

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Que no nos engañen por LUCÍA ETXEBARRIA, art. La Vanguardia

Este artículo me ha llegado por email y por la realidad del mismo, y su elocuente exposición me ha parecido interesante compartirlo con vosotros. He añadido al artículo mis propias opiniones al respecto por lo que si tu también has leído o recibido el citado artículo, notarás que es algo diferente.

Sábado por la noche. Me pillé la mano con la puerta de la cocina (soy muy propensa a los accidentes domésticos: soy sagitario y no tengo “conciencia de pericuerpo”). Me presenté sola en el hospital de Sant Pau porque mi compañero se quedaba a cuidar de mi hija. Me pasaron a la sala de espera. Allí había una niña, venga a llorar. Le pregunté su edad. Tenía 18 años, estudiaba en Barcelona, tenía una otitis. Llevaba dos horas allí. Su familia estaba en Girona. Yo sé que las otitis duelen muchísimo, he pasado alguna. Pero creo que también lloraba porque estaba asustada y sola. Me presenté antela enfermera. Le dije que por favor le dieran un calmante a esa chica. Me dijo que como enfermera ella no podía administrar nada sin autorización del médico.

“¿Y dónde está el médico?”.

“Ocupado, y aún puede tardar horas”. Y luego me miró: “Tú eres escritora, ¿no? Escríbelo. Cuenta cómo está la situación”. Y eso he decidido hacer.

Vamos a aclarar las cosas. No están haciendo recortes en sanidad porque la cosa esté así de mal, sino porque la sanidad es un gran negocio, y si se privatiza, al estilo de Estados Unidos, muchos se van a hacer multimillonarios. Es mas que curioso que mientras en Estados Unidos tienden hacia nuestro sistema nosotros estemos dirigiéndonos al suyo.

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El Gobierno aprobará los recortes en sanidad y educación este viernes

La aprobación de los recortes en sanidad, educación y servicios sociales, que llegarán a los 10.000 millones de euros, ya tiene fecha. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha avanzado hoy que las reformas y los ajustes serán aprobados este viernes en el Consejo de Ministros.

Rajoy ha fijado la fecha durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Puerto Vallarta, como ejemplo del compromiso de su Gobierno con las reformas estructurales necesarias para que la economía gane competitividad, se recupere el crecimiento y se cree empleo.

«Si ustedes conocen algún gobierno que en tres meses haya tomado decisiones del calibre de las que se han adoptado en España, agradecería que me lo dijeran, entre otras cosas para intentar superarlo», ha manifestado Rajoy ante los empresarios y analistas presentes en el Foro.

El recorte anunciado ha suscitado polémica entre partidos de la oposición y organizaciones sociales, que ven peligrar dos de los pilares básicos del Estado social. La semana pasada, el Gobierno rechazó en el Senado una moción del PSOE que instaba al gobierno a que se comprometiera con las prestaciones sociales básicas.

«Disciplina fiscal y mejoras estructurales»

El jefe del Ejecutivo ha repasado todas las reformas aprobadas por su Gobierno, desde la laboral hasta la del sistema financiero, y se ha mostrado convencido de que, junto a la disciplina fiscal, son «el único camino» para disipar los temores que todavía acechan a la economía española.»Nuestra estrategia económica es muy clara y está basada en dos pilares: disciplina fiscal y mejoras estructurales», ha ratificado.

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Los jubilados pagarían el 10% de los medicamentos

La ministra de Sanidad, Ana Mato, debate este miércoles con los consejeros del ramo la posibilidad de instaurar una nueva forma de «copago» farmacéutico, que se establecerá en función de la renta de cada ciudadano.

El Consejo Interterritorial, que ha comenzado a las 11.30 horas en el Ministerio de Sanidad, tiene por objetivo lograr un «acuerdo de medidas de sostenibilidad» para este servicio público, amenazado por la crisis económica.

Los pensionistas, que ahora no pagan por las recetas, deberían abonar el 10 por ciento del precio de los medicamentos, aunque si gastan más de diez euros al mes durante tres meses consecutivos se les devolvería el dinero abonado por encima de los 30 euros. Con esta salvaguarda se intenta no perjudicar a los enfermos crónicos, que necesitan medicamentos de forma recurrente y constante, según las mismas fuentes. El tope mensual para los jubilados con las pensiones más altas se establecería en los veinte euros.

El Gobierno quiere con la reforma establecer un pago según renta para que la medida sea equitativa, han añadido. Así, los ciudadanos activos que ahora pagan el 40 por ciento del precio de los medicamentos recetados abonarán un 10 por ciento más, pero si su renta supera un determinado umbral, que podrían ser los 100.000 euros anuales, pagarían un 20 por ciento más, es decir, el 60 por ciento del precio del fármaco. Está en estudio, según las fuentes consultadas, cómo proteger a las rentas más bajas o a los parados sin prestaciones.

Con esta reforma en el sistema de pago, el Ministerio de Sanidad estima que se podrían ahorrar cerca de 3.700 euros de los 7000 millones que el Gobierno quiere ajustar en el presupuesto sanitario. El departamento que dirige Ana Mato, según las fuentes, planteará otras medidas para completar ese ahorro, aunque descarta el copago en la asistencia sanitaria.

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El Ayuntamiento deja a los vecinos de Vallecas sin acceso al Hospital

La gestión de los Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones (PEIA), pensados por el Ayuntamiento de Madrid para fomentar la participación ciudadana en la gestión del territorio, ha llegado a desencadenar una protesta vecinal en Vallecas. Asociaciones de vecinos del barrio madrileño han denunciado el pasado miércoles en un comunicado el incumplimiento del PEIA por parte del Consistorio.

El Plan, que prevé la incorporación de Comisiones Ciudadanas de Seguimiento de la planificación estratégica municipal, se ha quedado en el 50% y, sobre todo, no ha dotado de un acceso al Hospital Infanta Leonor de Vallecas, según destacan asociaciones de Villa de Vallecas, La Unión de Vallecas, La Colmena de Santa Eugenia y PAU del Ensanche de Vallecas, integradas en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Los Planes de Actuación fueron iniciados en Madrid en el año 2003, y para la zona de Vallecas fueron firmados en 2007 y prolongados hasta 2012. Sin embargo, en 2005 la Comunidad de Madrid asumió «las competencias para urbanizar el complejo hospitalario y sus accesos», algo que no impidió que el Ayuntamiento incluyera esta actuación en el Plan Especial. Según las Asocaciones, el Consistorio incluyó el acceso al Hospital con la esperanza de poder «negociar con la Comunidad de Madrid la construcción del acceso antes de 2012». Pero esto no ocurrió, y ahora el acceso se ve sometido al plazo establecido por el Plan Especial que el Gobierno local firmó con el Ejecutivo Regional, el año 2017.

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¿Por qué no hay dinero para el ambulatorio de Fuencarral?

¿Por qué no hay dinero para el ambulatorio de Fuencarral? La cuestión se discutió el pasado 1 de Febrero en la Asamblea de Madrid, a preguntas de UPyD de IU y después de que por la mañana el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, hubiera visitado el centro de especialidades que la Comunidad de Madrid anunció que va a cerrar en breve por falta de presupuesto para reformarlo.

El portavoz de UPyD en la Comisión de Sanidad, Enrique Normand, preguntó esa tarde en la Comisión de Sanidad “por qué el Gobierno regional ha tenido esta falta de previsión y no ha destinado una partida en los presupuestos de este año para su reforma”. La comparación con los nuevos hospitales no se ha hecho esperar: “Lo que resulta incoherente es que se destinen 71 millones para el nuevo Hospital de Móstoles y 22 millones al nuevo Hospital de Collado Villalba, y no se destinen recursos a la reforma de este centro».

El diputado de UPyD explica, además, que el mal estado de los cimientos “ya se conocía desde el año 2002, cuando se realizó una obra para reformarlos parcialmente”, además de existir un informe del Ayuntamiento de 2010 en el que se detallan “las malas condiciones en que se encontraba el inmueble”.

El centro de especialidades Fuencarral, situado en el distrito del mismo nombre, muy cerca del hospital Ramón y Cajal, cierra a finales de este mes y traslada sus 48 consultas y a sus 68.000 pacientes a otros centros sanitarios. El edificio que lo acoge, construido en 1979, tiene graves problemas en la estructura, y las obras para solventarlos son de tal magnitud que resultan “inasumibles” en plena “crisis económica”, asegura la Consejería de Sanidad. El anuncio del cierre se produjo a mediados de enero, pero la Comunidad conocía al menos desde abril de 2010 las graves deficiencias del centro. El Ayuntamiento de Madrid hizo ese año la inspección técnica de edificios (ITE) estipulada a los 30 años de la construcción. El resultado fue desfavorable.

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Los hospitales públicos deben 6.300 millones en medicamentos

La deuda de las comunidades autónomas con los proveedores que suministran fármacos a los hospitales públicos está disparada. Las autonomías adeudan ya más de 6.300 millones de euros, según los datos de Farmaindustria, la patronal del sector (a 31 de diciembre). Y no solo eso, las regiones tardan, de media, 525 días en saldar sus facturas, cuando la ley marca un plazo máximo de 50. La situación ha empeorado en el último año: a finales de 2010, los hospitales públicos debían 4.684 millones.

Una situación “dramática”, alerta Farmaindustria, que advierte de que el suministro de medicamentos estratégicos en términos de normalidad puede estar en riesgo. “Las compañías no tienen capacidad de seguir funcionando sin circulante”, dicen; y aseguran que al no hacer frente a estos pagos, “la imagen internacional de España se está desmoronando”, dicen. Argumentos que ya le han trasladado al Gobierno.

Algunas comunidades, además, acumulan más mil millones de euros en facturas hospitalarias, y tardan más de 800 días en saldarlas. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que debe a los proveedores de fármacos 1.292 millones de euros y tiene una demora de pago de 884 días (la mayor registrada); Andalucía debe 1523 millones y tarda 740 días en pagar; después de estas dos comunidades, las más morosas son Madrid (con una deuda de 762,3 millones) y Castilla y León (573,4 millones).

Las comunidades con menor nivel de endeudamiento por suministro de medicamentos son Navarra (14,4 millones), País Vasco (37 millones), La Rioja (46,6), y Extremadura (54,3). Solo dos comunidades, Navarra y País Vasco, han logrado reducir el montante de su deuda, son además las que menos demoras de pago tienen (unos 70 días).

Farmaindustria afirma que el aumento de la deuda se debe fundamentalmente a la caída de los pagos, no a nuevas compras. Afirman que las ventas a hospitales estancaron (1,1%) en 2011.

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El segundo hospital de Móstoles abrirá en marzo

El segundo hospital de Móstoles, el Rey Juan Carlos, abrirá sus puertas en la segunda quincena de marzo y se convertirá en el nuevo centro de referencia para más de 180.000 madrileños.

Móstoles se convertirá en pocas semanas en el segundo municipio de la Comunidad, además de la capital, que contará con dos hospitales. El nuevo centro, un edificio singular diseñado por Rafael de la Hoz, atenderá a 180.000 pacientes que hasta ahora acuden al actual hospital de Móstoles y al Fundación Alcorcón. Su ámbito abarcará, además de la propia ciudad de Móstoles, los municipios de Navalcarnero, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, Navas del Rey, Villaviciosa de Odón, Cenicientos, Rozas de Puerto Real, Pelayos de la Presa, Aldea del Fresno, Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Chapinería, Colmenar de Arroyo y El Álamo.

El Gobierno regional ha invertido 232,2 millones de euros en el nuevo centro hospitalario, que contará con 260 habitaciones individuales y diez quirófanos. Las instalaciones abarcan 94.705 metros cuadrados de superficie, de cuya construcción se ha encargado Capio, así como de la dotación de equipamientos y de plantilla.

Primeras citaciones

Los pacientes que acudirán al rey Juan Carlos empezarán a recibir en marzo las primeras citaciones en el nuevo centro. En la tercera semana de ese mes ya tendrán lugar las primeras consultas externas y empezarán a funcionar los laboratorios y la radiología. Una semana después, arrancarán la cirugía mayor ambulatoria, la unidad de cuidados intensivos, las pruebas diagnósticas y la rehabilitación. 

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Primeros recortes en sanidad en 2012 y 2013

Fuentes cercanas a Ana Botella aseguran que mañana viernes dentro del marco de los recortes para ahorrar 4.000 millones de Euros presentarán al congreso la enmienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid para cambiar el modelo sanitario español y adaptarlo al sistema europeo y americano. Este plan incluirá recortes jugosos para la administración de la Comunidad de Madrid como es la fusión de los dos cuerpos de Emergencias de la Comunidad (Samur y Summa) en un solo organismo, Sammu 112 dependiente de la Comunidad, para evitar duplicidades, al que se oponía el actual ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y retirar el personal médico de las unidades móviles medicalizadas (UVI móvil), dejando el equipo de estas unidades en un enfermero y dos Técnicos en Emergencias, que ampliarán sus funciones.

En el plan aceptado por la edil madrileña ante Esperanza Aguirre, quien asumirá toda competencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, se asume que la fusión de los dos cuerpos de emergencias se realizaría en el primer trimestre de 2012 y asegura «no habrá problemas como ya paso cuando se fusionaron 061 y el extinto Sercam en el Summa 112». Por otro lado los nuevos puestos se equipararán gradualmente al paramédico, ya en uso en otros sistemas sanitarios. El enfermero, que ya poseen un titulo relacionado con la emergencia pasaria a ser paramédico (o experto de Urgencias y Emergencias) y los técnicos en Emergencias, cuya cualificación aun no estaba muy bien definida entre comunidades autonomas, se redefiniria como Paramédico básico. Obviamente, tanto unos como otros deberian recibir formacion complementaria antes de recibir esta cualificacion que se espera este reglada a inicio del curso 2012-2013.

El personal médico con plaza en propiedad que ya no será necesario en estas unidades será reubicado a lo largo de 2013 en Hospitales, centros de salud y en el nuevo centro coordinador unificado e integrado en la sede del 112 ubicada en Pozuelo de Alarcón. «Estos recortes, lejos de empeorar la asistencia de madrileños y madrileñas, la mejora permitiendo incluir mas unidades, mas especializadas y a un menor coste» aseguraba la presidenta madrileña, «además cumpliremos nuestro compromiso de la semana pasada de no eliminar puestos de trabajo, ya que solo se finalizarán los contratos eventuales».

Actualización: esta noticia fue la inocentada del 28 de diciembre.

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Polémica entre PP, PSOE y UGT por las nuevas condiciones de los funcionarios

Las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Acompañamiento, respecto a las nuevas condiciones de los funcionarios, han suscitado la respuesta de organizaciones como IU, PSOE y UGT que se cuestionan su utilidad. Frente a ello, CEIM lo considera una buena medida, mientras que la consejera de Presidencia y Justicia de la comunidad, Regina Plañiol, agradece, al respecto, la colaboración de sindicatos.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, el portavoz del PP en la Asamblea, Henríquez de Luna, ha respondido a las críticas del PSM y de IU sobre las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Acompañamiento, que entre otras cuestiones propone subir las jornada laboral de los empleados públicos de 35 a 37,5 horas, y dejar de complementar su sueldo en los casos de bajas entre 4 y 15 días, de manera que sólo cobrarán el 60% de su salario pagado por la Seguridad Social.

Según estos grupos, el PP pretende desprestigiar la imagen del funcionario dando a entender que trabaja menos para, con el tiempo, acabar con el sector y los servicios públicos. Henríquez de Luna, por su parte, ha desmentido esta información y ha subrayado que su grupo pretende garantizar el trabajo y el salario de los empleados públicos aunque para ello es necesario que éstos hagan esfuerzos y asuman compromisos, como trabajar media hora más al día.

Con la homogeneización de la jornada en 37,5 horas y la unificación de los días libres por asuntos propios en 6, el Gobierno regional pretende ahorrar 110 millones de euros al año e incrementar la productividad en 12 millones de horas.

Otras de las enmiendas del PP pretenden que las deducciones educativas se puedan aplicar desde los 3 años hasta los 16 o ayudar a crear empleo eliminando cargas sobre el suelo industrial.

Todas las enmiendas de su grupo, ha añadido, son «lógicas y coherentes» con las medidas que está tomando el Gobierno regional desde hace tiempo, antes incluso de la crisis, para controlar el déficit y evitar gastos innecesarios.

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Aguirre amplía dos horas y media la jornada semanal a 120.000 funcionarios

La Comunidad de Madrid aprovecha los últimos días del año para incluir una modificación en la normativa que afecta a 120.000 funcionarios y trabajadores públicos regionales, el 70% de la plantilla. Ampliarán 2,5 horas su jornada semanal (de 35 a 37,5). El grupo parlamentario popular ha incluido 25 enmiendas a la Ley de Acompañamiento, que aprobará previsiblemente hoy jueves. La filosofía de esta medida, según un portavoz oficial, es “aumentar la productividad”. Serán 12 millones de horas más de trabajo al año. Lo que no especifica el Gobierno es de cuántos empleados eventuales prescindirá tras la ampliación horaria. Pero el aumento de horas equivale a casi 8.000 contratos menos.

El Ejecutivo regional, que dirige Esperanza Aguirre, espera ahorrar 82,7 millones con la medida. “Se trata de que con la misma gente haya más productividad y que no se tenga que contratar a trabajadores extra”, explica un portavoz de la Consejería de Economía.

“No es una medida para despedir a gente o prescindir del personal que ya hay”, añade, sin ofrecer el desglose de los cálculos oficiales para estimar el ahorro económico. Pero se puede hacer una estimación grosso modo dividiendo la ampliación de horas al año (12 millones) entre la jornada anual laboral que ahora tendría un trabajador con 35 horas semanales: 1.533 horas. El resultado es el equivalente a la jornada completa de 7.827 trabajadores en un año.

La iniciativa, introducida casi de tapadillo en la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid (Ley de Acompañamiento o Ley Escoba), afectará también a los trabajadores de las empresas públicas regionales. Un portavoz del grupo popular admite que durante el presente año se amortizarán plazas de funcionarios como consecuencia de no sustituir las jubilaciones. Hace una semana, el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, estimó en 800 las plazas que serán eliminadas en una entrevista con EL PAÍS.

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Los catalanes deberán pagar un euro por receta a partir de 2012

La Generalitat pretende fijar un peaje de un euro por medicamento para los usuarios de la sanidad pública que necesiten fármacos con prescripción médica, según el proyecto de ley que acompaña los presupuestos y que presentó ayer el Gobierno catalán. La medida aun debe negociarse en el Parlament, pero se ha diseñado con carácter universal y sin atisbo de equidad social: la nueva tasa afectará por igual a pensionistas, jubilados y enfermos crónicos, que deberán pagar por cada medicamento lo mismo que, por ejemplo, el presidente Artur Mas, que cobra un sueldo base anual de 144.000 euros, dietas aparte.

“No lo hacemos con finalidad recaudatoria”, aseguró el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, en la presentación del proyecto de presupuestos. El consejero justificó la universalidad del copago por la “complejidad” de discriminar entre usuarios, aunque no descartó hacerlo al cabo de unos meses y ponerlo encima de la mesa en la negociación con el resto de las fuerzas parlamentarias.

La Generalitat, por otra parte, pretende pactar algún tipo de límite que se determinará durante la negociación parlamentaria. Este techo se fijaría previsiblemente alrededor de los 61 euros anuales por persona, según fuentes del Gobierno catalán, que tampoco concretan la fecha en que la tasa entrará en vigor ya que aún debe tramitarse la ley. CiU, en todo caso, confía en aplicarla antes del mes de abril pese a que el PSC y ERC reclamaron más equidad en el copago.

El copago permitirá recaudar 102 millones de euros, cifró Mas-Colell, pese a que el proyecto de presupuesto de Salud que EL PAÍS avanzó ayer cifra el beneficio de la medida en 81 millones. Ninguna cantidad es definitiva ya que responde a cálculos aproximados, advierten fuentes de la Generalitat. La sanidad pública catalana emite anualmente unos 150 millones de recetas.

La ley define el copago como una tasa de expedición de recetas para burlar así la normativa estatal, que no otorga a los Gobiernos autónomos competencias para aplicar tasas a la sanidad pública y gratuita. Los usuarios deberán abonar la cantidad directamente a las farmacias, que posteriormente la descontarán de la factura que remitan al Departamento de Salud para cobrar los medicamentos.

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EXCLUSIVA: Rajoy recortaría el salario a los funcionarios un 3,5%

La austeridad del Gobierno de Rajoy, comienza a respirarse con cierto desánimo entre los funcionarios y empleados públicos. Todos ellos estrenarían año con una rebaja del 3,5% de media en su sueldo, y una congelación salarial que podría alargarse durante los próximos tres años.

Mariano Rajoy se estrenaría en el Gobierno anunciando un complejo plan de ajustes y recortes que miran directamente a los funcionarios públicos. Fuentes pertenecientes a varios ministerios, han confirmado a Diario Financiero, que representantes sindicales les han asegurado que el nuevo Ejecutivo prepara una rebaja del 3,5% de media en el salario de funcionarios y empleados públicos – de momento – pertenecientes a la administración central y que el recorte se hará efectivo a partir del próximo 1 de enero.

Sin embargo, el “esfuerzo” que el nuevo presidente del Gobierno demandará a los empleados públicos, no acaba ahí. Rajoy congelará su salario durante los próximos 3 años.

Espejo de los recortes anunciados por Cospedal

La antesala de lo que ocurrirá el próximo 1 de enero – fecha en la que se hará efectiva la rebaja salarial, tras anunciarse en Consejo de Ministros – la acabamos de vivir en Castilla-La Mancha, dónde María Dolores de Cospedal anunciaba – la pasada semana – un ajuste en el sueldo de los funcionarios que dependen de la Junta de Comunidades del 3%, y el incremento en dos horas y media, de su jornada laboral.

Con ello, Rajoy pretende subsanar uno de los principales problemas con los que se va a encontrar a su llegada a Moncloa: el enorme déficit del Estado que podría ascender al 6,6% en 2011, y que se completaría con un incremento del IVA, con el fin de ver caer – a finales de 2012 – el déficit público hasta el 3%.

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