Los hospitales públicos deben 6.300 millones en medicamentos

La deuda de las comunidades autónomas con los proveedores que suministran fármacos a los hospitales públicos está disparada. Las autonomías adeudan ya más de 6.300 millones de euros, según los datos de Farmaindustria, la patronal del sector (a 31 de diciembre). Y no solo eso, las regiones tardan, de media, 525 días en saldar sus facturas, cuando la ley marca un plazo máximo de 50. La situación ha empeorado en el último año: a finales de 2010, los hospitales públicos debían 4.684 millones.

Una situación “dramática”, alerta Farmaindustria, que advierte de que el suministro de medicamentos estratégicos en términos de normalidad puede estar en riesgo. “Las compañías no tienen capacidad de seguir funcionando sin circulante”, dicen; y aseguran que al no hacer frente a estos pagos, “la imagen internacional de España se está desmoronando”, dicen. Argumentos que ya le han trasladado al Gobierno.

Algunas comunidades, además, acumulan más mil millones de euros en facturas hospitalarias, y tardan más de 800 días en saldarlas. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que debe a los proveedores de fármacos 1.292 millones de euros y tiene una demora de pago de 884 días (la mayor registrada); Andalucía debe 1523 millones y tarda 740 días en pagar; después de estas dos comunidades, las más morosas son Madrid (con una deuda de 762,3 millones) y Castilla y León (573,4 millones).

Las comunidades con menor nivel de endeudamiento por suministro de medicamentos son Navarra (14,4 millones), País Vasco (37 millones), La Rioja (46,6), y Extremadura (54,3). Solo dos comunidades, Navarra y País Vasco, han logrado reducir el montante de su deuda, son además las que menos demoras de pago tienen (unos 70 días).

Farmaindustria afirma que el aumento de la deuda se debe fundamentalmente a la caída de los pagos, no a nuevas compras. Afirman que las ventas a hospitales estancaron (1,1%) en 2011.

“Esta situación no puede prolongarse más tiempo”, advierte la patronal del sector en un comunicado en el que asegura que está dispuesta a colaborar con la administración para que los pagos se normalicen y para establecer un plan de pagos para hacer frente a la deuda acumulada con garantías.

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