Los catalanes deberán pagar un euro por receta a partir de 2012

La Generalitat pretende fijar un peaje de un euro por medicamento para los usuarios de la sanidad pública que necesiten fármacos con prescripción médica, según el proyecto de ley que acompaña los presupuestos y que presentó ayer el Gobierno catalán. La medida aun debe negociarse en el Parlament, pero se ha diseñado con carácter universal y sin atisbo de equidad social: la nueva tasa afectará por igual a pensionistas, jubilados y enfermos crónicos, que deberán pagar por cada medicamento lo mismo que, por ejemplo, el presidente Artur Mas, que cobra un sueldo base anual de 144.000 euros, dietas aparte.

“No lo hacemos con finalidad recaudatoria”, aseguró el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, en la presentación del proyecto de presupuestos. El consejero justificó la universalidad del copago por la “complejidad” de discriminar entre usuarios, aunque no descartó hacerlo al cabo de unos meses y ponerlo encima de la mesa en la negociación con el resto de las fuerzas parlamentarias.

La Generalitat, por otra parte, pretende pactar algún tipo de límite que se determinará durante la negociación parlamentaria. Este techo se fijaría previsiblemente alrededor de los 61 euros anuales por persona, según fuentes del Gobierno catalán, que tampoco concretan la fecha en que la tasa entrará en vigor ya que aún debe tramitarse la ley. CiU, en todo caso, confía en aplicarla antes del mes de abril pese a que el PSC y ERC reclamaron más equidad en el copago.

El copago permitirá recaudar 102 millones de euros, cifró Mas-Colell, pese a que el proyecto de presupuesto de Salud que EL PAÍS avanzó ayer cifra el beneficio de la medida en 81 millones. Ninguna cantidad es definitiva ya que responde a cálculos aproximados, advierten fuentes de la Generalitat. La sanidad pública catalana emite anualmente unos 150 millones de recetas.

La ley define el copago como una tasa de expedición de recetas para burlar así la normativa estatal, que no otorga a los Gobiernos autónomos competencias para aplicar tasas a la sanidad pública y gratuita. Los usuarios deberán abonar la cantidad directamente a las farmacias, que posteriormente la descontarán de la factura que remitan al Departamento de Salud para cobrar los medicamentos.

La propuesta legal también ahonda en el escenario trazado por el consejero de Salud, Boi Ruiz, de trocear el Instituto Catalán de la Salud (ICS) en una serie de pequeñas empresas. Para ello la Generalitat prevé ceder a Salud la titularidad de los inmuebles que alojan ambulatorios y hospitales para que el departamento “unifique y racionalice la gestión de los centros sanitarios”.

Más restricciones a la RMI

Pero la ley se revela especialmente incisiva en desmantelar la esencia de la renta mínima de inserción (RMI), la ayuda de 420 euros mensuales para personas y familias sin recursos, que pasará a concederse con cuentagotas. El Departamento de Empresa y Empleo determina que en 2012 la aprobará para la mitad de beneficiarios que este año, 18.000 personas, frente a los 35.000 de 2011.

La Generalitat pretende aprobar nuevas trabas para obtener la RMI y hasta suprimir la parte del texto legal que define esta ayuda como un “derecho de carácter universal garantizado” para considerarla “un derecho prestado por los servicios sociales”. Entre los impedimentos destaca un límite presupuestario a partir del cual solo se concederán RMI de forma extraordinaria, además de exigir dificultades de inserción social y laboral “añadidas”. Las consultas telefónicas no urgentes del Departamento de Bienestar Social y Familia, por otra parte, dejarán de ser gratuitas y serán atendidas en el 012, teléfono de pago. La línea gratuita costaba 700.000 euros anuales y algunos ciudadanos abusaban de esta gratuidad, justificó la Generalitat.

Enseñanza

El Departamento de Enseñanza sufre un tijeretazo del 4,9% del presupuesto, que queda en 4.595 millones. La educación general se lleva 4.421 millones, el 6,7% menos, y el mayor recorte es para becas y ayudas al estudio, con 14,7 millones, menos de la mitad que este año (31,3 millones).

Afortunadamente tanto PP como PSOE han dicho oponerse a dicha medida y que no tienen pensado aplicar este copago al territorio español.

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