Funcionarios piden eliminar al 90% de asesores de la Administración

El secretario nacional de Formación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), Miguel Borra, ha afirmado que las medidas anunciadas ayer por el Gobierno son «muy graves», puesto que van en una dirección «absolutamente equivocada», además de incumplir el acuerdo firmado hace siete meses para modernizar y mejorar los servicios públicos, y reclamó al Gobierno que elimine a «los miles de asesores» que tiene la Administración.

En declaraciones a la COPE recogidas por Europa Press, Borra señaló que si lo que quiere el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es reducir o acabar con el déficit «tendría que haber mirado primero donde está auténticamente el derroche de las cuentas públicas», es decir, eliminar por ley el 90% de miles de asesores que tienen el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales.

Borra denunció que estos asesores «no tienen ninguna responsabilidad y están elegidos a dedo por los dirigentes políticos de turno, con nóminas muy superiores a las que cobra cualquier empleado público».

En esta línea, también planteó que el Ejecutivo podría haber prohibido por ley que los consejos de administración de las empresas públicas se repartieran los cargos políticos, su segundo o tercer sueldo o acabar con los gastos «suntuarios» que tienen muchas comunidades autónomas o ayuntamientos.

«En vez de eso Zapatero ha ido a lo más llamativo, a lo más fácil, que es reducir un 5% el sueldo a muchísima gente que está cobrando poco más de 1.000 euros sin valorar el trabajo que realizan los funcionarios públicos en la Sanidad, la Educación, la Justicia, la Policía, (…) tras varios años sufriendo recortes salariales y unos años de bonanza que en nuestro sector nunca se han visto», lamentó.

Borra insistió en que poner a los empleados públicos como «los malos de la película» es el recurso «más fácil» para «no meter la tijera donde realmente está el derroche presupuestario, no enfrentarse a la reforma laboral o no modernizar la Administración y mejorar así los servicios públicos», que en época de crisis «son más necesarios todavía».

«Cuando muchos funcionarios superan escasamente los 1.000 euros para llegar a fin de mes que sean los empleados públicos los que tengan que asumir sólo en este año 3.500 millones de los 5.000 millones que se van a ahorrar, y en 2011, la mitad, 5.000 millones, de los 10.000 millones de euros previstos que irán también a costa del empleo público, ¿dónde está el ahorro del resto de las administraciones», se preguntó.

MOVILIZACIONES Y HUELGA GENERAL.

Preguntado por la posibilidad de una huelga, Borra informó de que el colectivo ya ha acordado en una reunión extraordinaria una serie de actuaciones como protesta al recorte anunciado por el Ejecutivo. Del 17 al 21 de mayo el sindicato CSIF realizará una serie de asambleas en los centros de trabajo y convocará una rueda de prensa el próximo 24 de mayo en todas las provincias para explicar las medidas que van a adoptar.

Para el 25 de mayo ha convocado concentraciones en todas las Subdelegaciones del Gobierno y una manifestación a nivel autonómico y nacional. «Con mucha seguridad todas estas movilizaciones acabarán con una convocatoria por parte de CSI-CSIF de una huelga general en la Administración pública», advirtió.
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