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El objetivo de la euroorden es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada –por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador–, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. Si el agresor la incumple, el país encargado de ejecutarla impondrá sanciones penales o de otro tipo.

Aunque la mayoría de medidas han sido pensadas para las mujeres víctimas de la violencia doméstica, las normas beneficiarán a las víctimas de ambos sexos, incluidos menores, que hayan sufrido la violencia y cuyo agresor haya sido identificado.

En un debate previo a la votación, las responsables en la Eurocámara de este dossier, las españolas Teresa Jiménez-Becerril (PP) y Carmen Romero (PSOE), defendieron las ventajas que aporta la nueva norma.

“Facilitaremos el movimiento de las víctimas y frenaremos el de sus agresores. Damos un gran paso más en la defensa y protección de quienes más lo merecen”, destacó la eurodiputada “popular”, que en un comunicado ha admitido que no se trata de un instrumento “perfecto” y ha lamentado que hayan sido necesarios dos años para sacar adelante la iniciativa.

Por su parte, Romero incidió en que la aprobación de la directiva envía el mensaje de que “la protección por fin será sin fronteras” y que el maltrato “no quedará impune” y que los crímenes “se pueden evitar”. “Tendremos cifras de agresores y miles de mujeres que podrán respirar en paz”, añadió.

Las medidas de protección existen en todos los Estados miembros, pero dejan de tener efecto cuando se cruza una frontera. Esta directiva cubre a cualquier persona beneficiaria de una medida de protección en su país de origen, como por ejemplo una orden de alejamiento.

Los eurodiputados han defendido que la euroorden sirva para “todas las víctimas” y no únicamente a las de la llamada violencia machista, por lo que protegerá “contra actos delictivos de otra persona que puedan poner en peligro de cualquier modo su vida o su integridad física, psicológica o sexual (…) así como su dignidad o libertad personal”.

El Estado miembro en el que la víctima haya solicitado medidas de protección de carácter penal será el responsable de solicitar la orden europea para extender esa protección al país al que se desplace la víctima.

Así, según explica la Eurocámara en un comunicado, se podrá emitir una orden europea cuando el agresor no pueda acceder a los lugares que la víctima frecuenta o cuando exista una orden de alejamiento. El agresor tendrá derecho a apelar la orden de protección.

Además, al informar al agresor o posible agresor, la autoridad del país de origen tendrá que tener en cuenta el interés de la persona protegida en que no se desvele su dirección u otra información de contacto. Esta directiva se aplicará solo a las medidas de protección de carácter penal, aunque el país de destino puede imponer medidas de tipo civil o administrativo, según marque su legislación, pero siempre asegurando el mismo nivel de protección.

Finalmente, a iniciativa de los eurodiputados, el beneficiario de una orden europea de protección también podrá solicitar protección para sus familiares.

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